EL INSÓLITO Y BOCHORNOSO FALLO DEL 2X1 A UN
GENOCIDA RECIBIÓ UN AMPLIO REPUDIO SOCIAL Y POLÍTICO
¿Por qué una mayoría circunstancial de la Corte, cercana al gobierno, dictó un fallo tan impolítico? ¿Lo impulsó Mauricio Macri o los tres jueces actuaron por su cuenta? ¿Cuánto le importan al Presidente las violaciones de los derechos humanos? Es evidente que todavía hay dificultad para poder cerrar un relato único sobre la dictadura cívico-militar-eclesiástica 1976-1983. Aún hay quienes insisten en que no hubo un plan genocida y que se trató de una “guerra sucia” en la que se enfrentaron nuestros gloriosos militares con delincuentes subversivos financiados desde el exterior. Es un pasado que no desaparece; que cada tanto nos alcanza porque insiste en ser presente.
Por Marcelo R. Pereyra
2x1 no va a quedar ninguno (preso)
La ley 24.390, conocida comúnmente como “la del 2x1", se votó en 1994, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se produjo un brutal motín en el penal de Sierra Chica, como salida para descomprimir la situación de las cárceles, repletas de presos sin condena. Al sistema penal argentino nunca le importaron las condiciones de vida en el presidio, lugar que, según la Constitución es para reeducación y no para castigo. En la práctica las cárceles son depósitos donde se amontonan presos, la mayoría de ellos procesados pero no condenados, sin que los jueces se apuren mucho por definir su situación procesal ya que sus señorías prefieren tenerlos adentro antes que afuera, no importa el delito cometido y ni siquiera si son inocentes o culpables. Cualquier cosa antes de que caiga sobre los magistrados el pesado mote de garantistas.
Pero aún con el 2x1 las cárceles, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires, siguieron llenándose de presos, no sólo porque aumentó el número de delitos cometidos, sino también porque no se agilizó ni simplificó el viejo Código procesal penal de la Nación (ley 23.984).Según la Procuración Penitenciaria de la Nación (www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estadística%20carcelaria%202014_1.pdf) la población carcelaria argentina se duplicó entre 1999 y 2014 (pasó de 34.000 a 69.000). En 2015 había ya 71.000 presos, 68000 varones y 3000 mujeres, la mayoría ubicados en el rango etario que va de los 24 a los 35 años. El 80 por ciento con instrucción primaria incompleta. Solo la mitad de ellos tiene condena (el delito más frecuente es el robo). En el territorio bonaerense las cárceles tienen capacidad para 26.000 internos, pero en 2015 había 32.000: es decir, una superpoblación de 6.000 internos. Las comisarías también son depósitos de presos: en mayo de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió favorablemente un recurso de habeas corpus interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pedía, entre otras cosas, que cesara la situación de “superpoblación y el consecuente hacinamiento que deben padecer las personas privadas de su libertad” en las 340 comisarías de la provincia de Buenos Aires, adonde hay capacidad para albergar 3178 detenidos, pero se alojan en sus calabozos 6364 (según datos del mes de octubre de 2001).
Así, una ley destinada a favorecer la situación de reclusión de presos “comunes”, dictada para compensar la intrincada y morosa burocracia procesal penal, fue utilizada por tres jueces supremos para beneficiar a terroristas con uniforme militar, culpables de haber cometido delitos de lesa humanidad. Estos delitos tienen una consideración especial en los tratados de derecho internacional a los que la Argentina ha adherido: no sólo son más graves –por lo tanto no merecen beneficios ni indultos ni conmutaciones de pena- sino que se considera que son imprescriptibles porque sus efectos permanecen el tiempo. Por lo tanto, el fallo de los cortesanos se da de patadas con esta jurisprudencia. Ya la Corte venía dando muestras de cierta indocilidad cuando consideró en otro fallo que el país no estaba obligado a cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, renegando así de una importante tradición histórica que tenía el país en materia de derecho internacional.
¿Por qué?
¿Impulsó el gobierno este fallo? Los indicios apuntan a una respuesta afirmativa. Lo firmaron los dos jueces propuestos por el gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Rosetti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Rosenkrantz es de origen radical, fue abogado del Grupo Clarín y de la Comunidad Homosexual Argentina, y en 2007 publicó un artículo en el que atacó la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ambos fueron designados con el voto favorable de los senadores kirchneristas. En cuanto a la tercera firmante, Elena Highton, es sugestivo que el gobierno no haya apelado el amparo que le permite reatornillarse en su cargo hasta después de los 75 años. ¿Acaso la suprema devolvió ese favor?
¿Por qué querría este fallo el gobierno? ¿Acaso no previó todas las reacciones desfavorables que suscitó? ¿En qué podría beneficiarlo? Aquí solo pueden hacerse muchas especulaciones, aunque con una base indiscutible: Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios relativizan todo lo relacionado con la dictadura militar-civil-eclesiástica 1976-1983 y su irrespeto por los derechos humanos. El Presidente ha dicho que “lo de los derechos humanos es un curro”; el director de la Aduana, el que lo fueron pero volvió, Juan José Gómez Centurión, quien supo ser milico carapintada, dijo no compartir que “la dictadura haya sido un plan genocida"; Darío Lopérfido, referente cultural del oficialismo y posible futuro embajador en alguna parte, cuestionó la cifra de 30.000 desparecidos. Macri, fiel a su estilo négligeé, afirmó al respecto que “no tengo la menor idea de cuántos desparecidos hay”. Sin perjuicio de su mayor o menos exactitud, la cifra de los 30.000 es un símbolo, es decir, está en lugar de algo a lo que representa. Por lo tanto, cuestionar esa cifra es cuestionar a los desaparecidos y, de alguna manera, reivindicar a sus desaparecedores. De modo que aun no habiendo impulsado el fallo directamente el gobierno es culpable de haber creado un “clima de opinión” favorable al dictado del mismo. Es cierto, por otro lado, que con la decisión de los supremos el oficialismo no obtuvo un beneficio concreto, práctico. Más bien parece haber sido una “prueba de amor” ideológica hacia los responsables del terrorismo estatal. No por nada fue saludada favorablemente por La Nación. En su editorial del 9-5-17 dijo el histórico house organ de los militares: “Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva”.
Y, como no podía ser de otra manera, la iglesia católica se sumó al rendez-vousde los nostálgicos de la “guerra sucia” proponiendo una nueva “reconciliación” entre los familiares de las víctimas de ambos “bandos”. La respuesta al convite eclesiástico no fue muy favorable por parte de los familiares de los desaparecidos. Publicaron por allí algún cartel algo procaz pero muy elocuente: “No nos reconciliamos, no perdonamos. Métanse el 2x1 en el orto”. Y en cuanto a la no previsión de reacciones negativas, no sería el primer error político del gobierno de Macri, que varias veces ha avanzado en un tema para tener que recular inmediatamente, como lo hizo cuando pretendió eliminar el Día de la Memoria –el 24 de marzo- como feriado nacional. En el caso del supremo fallo primero hubo declaraciones a favor del ministro de Justicia y del secretario de Derechos Humanos; luego, con cierta demora -cuando les llegaron los focus group, chicaneó el intendente Martín Insaurralde- algunos funcionarios se pronunciaron en contra.
Nunca más
"Teque teque, toca toca/ que esta hinchada está re loca/los milicos a la cárcel/2 x 1 las pelotas" (hinchada de Defensores de Belgrano, 5-5-17).
El fallo de la Corte recibió un amplio rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Una enorme multitud concurrió al acto que se realizó en la Plaza de Mayo. Fue una emocionante fiesta popular en la que jóvenes y veteranos se unieron para expresar su repudio levantando los pañuelos blancos que simbolizan la lucha de las Madres. Insólitamente el sector liderado por Hebe de Bonafini decidió no participar argumentando que en la convocatoria se aludía al “Nunca Más”, y que a ella eso le sonaba a “los dos demonios”. También hubo concentraciones en otras ciudades del país y del exterior. En el Congreso oficialismo y oposición consensuaron un proyecto para limitar los efectos del fallo que fue aprobado casi por unanimidad y con una presteza nunca vista. Macri también tuvo que hacerse cargo de la situación, pero –como de costumbre- orinó fuera del recipiente: dijo que “siempre” había estado en contra del 2x1 porque “siempre” estuvo en contra de la impunidad. Como se dijo más arriba, la ley del 2x1 no consagró impunidad sino que fue la única alternativa que se les ocurrió a los legisladores de entonces para tratar de controlar la dramática y potencialmente explosiva situación de las poblaciones carcelarias. Como sea, ante la sanción del cuestionado veredicto de la Corte los políticos oficialistas y opositores estuvieron rápidos de reflejos y trataron de evitar que cualquier condena social pudiera caer sobre ellos. Con la velocísima sanción de la ley que limita los efectos del fallo, la inédita entente de Montescos y Capuletos pretende que se olvide lo más rápido posible que fue motorizado por los dos supremos propuestos por el oficialismo que tuvieron el voto favorable de la oposición.
En el ámbito judicial un fiscal imputó a los tres supremos firmantes por el delito de prevaricato (resolución arbitraria y contraria a derecho por parte de un juez, a sabiendas de que dicha resolución es injusta), y distintos jueces y tribunales ya han contrariado el fallo negándose a ampliar sus efectos al resto de los terroristas de estado que lo han invocado para pedir su libertad.
Puede decirse entonces que con todas estas expresiones y medidas se repuso el consenso social y político de condena irrestricta al terrorismo de estado de los militares y sus cómplices políticos y religiosos. Se trata, empero, de una reposición momentánea, porque todavía subsisten: los editoriales de La Nacióncon la teoría de “los dos demonios” y los “excesos” en la represión; la “reconciliación” con la que insiste la jerarquía católica; los grupos en Facebook destinados a glorificar a los militares asesinos, violadores, apropiadores de bebés y secuestradores; los videos en youtube que pretenden enseñar cuál fue la verdad de la violencia, mostrando exclusivamente tapas de diarios con noticias sobre acciones de las organizaciones armadas; los comentarios en las redes sociales aprobando el fallo de la Corte y otras expresiones públicas y privadas que revelan que queda mucho por hacer para poder cerrar en un único relato el pasado de violencia institucional de los años 70 y 80. Cuarenta años después hay que seguir reafirmando que no se trató de una “guerra sucia” sino de un plan sistemático de desaparición de personas que tuvo como fin contrarrestar cualquier posible resistencia al golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976; aún es preciso recalcar que no hubo dos “bandos” igualmente malos –los dos demonios-, que no hubo “excesos” ni “represión ilegal”, y que hubo –en cambio- una decisión de exterminar todo pensamiento que se opusiera a los cánones del neoliberalismo y del conservadurismo moral, social y político.
El tema de Celeste Carballo habla de “la vida que me alcanza”. Argentina tiene ese penoso y dramático pasado de crueles dictaduras que cada tanto la alcanza, porque se niega a ser pasado e insiste en ser presente. El consenso social y político repuesto en estos días deberá evitar que sea futuro.
http://revistacontracultural.blogspot.com.ar/
¿Por qué una mayoría circunstancial de la Corte, cercana al gobierno, dictó un fallo tan impolítico? ¿Lo impulsó Mauricio Macri o los tres jueces actuaron por su cuenta? ¿Cuánto le importan al Presidente las violaciones de los derechos humanos? Es evidente que todavía hay dificultad para poder cerrar un relato único sobre la dictadura cívico-militar-eclesiástica 1976-1983. Aún hay quienes insisten en que no hubo un plan genocida y que se trató de una “guerra sucia” en la que se enfrentaron nuestros gloriosos militares con delincuentes subversivos financiados desde el exterior. Es un pasado que no desaparece; que cada tanto nos alcanza porque insiste en ser presente.
Por Marcelo R. Pereyra
2x1 no va a quedar ninguno (preso)
La ley 24.390, conocida comúnmente como “la del 2x1", se votó en 1994, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se produjo un brutal motín en el penal de Sierra Chica, como salida para descomprimir la situación de las cárceles, repletas de presos sin condena. Al sistema penal argentino nunca le importaron las condiciones de vida en el presidio, lugar que, según la Constitución es para reeducación y no para castigo. En la práctica las cárceles son depósitos donde se amontonan presos, la mayoría de ellos procesados pero no condenados, sin que los jueces se apuren mucho por definir su situación procesal ya que sus señorías prefieren tenerlos adentro antes que afuera, no importa el delito cometido y ni siquiera si son inocentes o culpables. Cualquier cosa antes de que caiga sobre los magistrados el pesado mote de garantistas.
Pero aún con el 2x1 las cárceles, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires, siguieron llenándose de presos, no sólo porque aumentó el número de delitos cometidos, sino también porque no se agilizó ni simplificó el viejo Código procesal penal de la Nación (ley 23.984).Según la Procuración Penitenciaria de la Nación (www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estadística%20carcelaria%202014_1.pdf) la población carcelaria argentina se duplicó entre 1999 y 2014 (pasó de 34.000 a 69.000). En 2015 había ya 71.000 presos, 68000 varones y 3000 mujeres, la mayoría ubicados en el rango etario que va de los 24 a los 35 años. El 80 por ciento con instrucción primaria incompleta. Solo la mitad de ellos tiene condena (el delito más frecuente es el robo). En el territorio bonaerense las cárceles tienen capacidad para 26.000 internos, pero en 2015 había 32.000: es decir, una superpoblación de 6.000 internos. Las comisarías también son depósitos de presos: en mayo de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió favorablemente un recurso de habeas corpus interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pedía, entre otras cosas, que cesara la situación de “superpoblación y el consecuente hacinamiento que deben padecer las personas privadas de su libertad” en las 340 comisarías de la provincia de Buenos Aires, adonde hay capacidad para albergar 3178 detenidos, pero se alojan en sus calabozos 6364 (según datos del mes de octubre de 2001).
Así, una ley destinada a favorecer la situación de reclusión de presos “comunes”, dictada para compensar la intrincada y morosa burocracia procesal penal, fue utilizada por tres jueces supremos para beneficiar a terroristas con uniforme militar, culpables de haber cometido delitos de lesa humanidad. Estos delitos tienen una consideración especial en los tratados de derecho internacional a los que la Argentina ha adherido: no sólo son más graves –por lo tanto no merecen beneficios ni indultos ni conmutaciones de pena- sino que se considera que son imprescriptibles porque sus efectos permanecen el tiempo. Por lo tanto, el fallo de los cortesanos se da de patadas con esta jurisprudencia. Ya la Corte venía dando muestras de cierta indocilidad cuando consideró en otro fallo que el país no estaba obligado a cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, renegando así de una importante tradición histórica que tenía el país en materia de derecho internacional.
¿Por qué?
¿Impulsó el gobierno este fallo? Los indicios apuntan a una respuesta afirmativa. Lo firmaron los dos jueces propuestos por el gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Rosetti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Rosenkrantz es de origen radical, fue abogado del Grupo Clarín y de la Comunidad Homosexual Argentina, y en 2007 publicó un artículo en el que atacó la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ambos fueron designados con el voto favorable de los senadores kirchneristas. En cuanto a la tercera firmante, Elena Highton, es sugestivo que el gobierno no haya apelado el amparo que le permite reatornillarse en su cargo hasta después de los 75 años. ¿Acaso la suprema devolvió ese favor?
¿Por qué querría este fallo el gobierno? ¿Acaso no previó todas las reacciones desfavorables que suscitó? ¿En qué podría beneficiarlo? Aquí solo pueden hacerse muchas especulaciones, aunque con una base indiscutible: Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios relativizan todo lo relacionado con la dictadura militar-civil-eclesiástica 1976-1983 y su irrespeto por los derechos humanos. El Presidente ha dicho que “lo de los derechos humanos es un curro”; el director de la Aduana, el que lo fueron pero volvió, Juan José Gómez Centurión, quien supo ser milico carapintada, dijo no compartir que “la dictadura haya sido un plan genocida"; Darío Lopérfido, referente cultural del oficialismo y posible futuro embajador en alguna parte, cuestionó la cifra de 30.000 desparecidos. Macri, fiel a su estilo négligeé, afirmó al respecto que “no tengo la menor idea de cuántos desparecidos hay”. Sin perjuicio de su mayor o menos exactitud, la cifra de los 30.000 es un símbolo, es decir, está en lugar de algo a lo que representa. Por lo tanto, cuestionar esa cifra es cuestionar a los desaparecidos y, de alguna manera, reivindicar a sus desaparecedores. De modo que aun no habiendo impulsado el fallo directamente el gobierno es culpable de haber creado un “clima de opinión” favorable al dictado del mismo. Es cierto, por otro lado, que con la decisión de los supremos el oficialismo no obtuvo un beneficio concreto, práctico. Más bien parece haber sido una “prueba de amor” ideológica hacia los responsables del terrorismo estatal. No por nada fue saludada favorablemente por La Nación. En su editorial del 9-5-17 dijo el histórico house organ de los militares: “Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva”.
Y, como no podía ser de otra manera, la iglesia católica se sumó al rendez-vousde los nostálgicos de la “guerra sucia” proponiendo una nueva “reconciliación” entre los familiares de las víctimas de ambos “bandos”. La respuesta al convite eclesiástico no fue muy favorable por parte de los familiares de los desaparecidos. Publicaron por allí algún cartel algo procaz pero muy elocuente: “No nos reconciliamos, no perdonamos. Métanse el 2x1 en el orto”. Y en cuanto a la no previsión de reacciones negativas, no sería el primer error político del gobierno de Macri, que varias veces ha avanzado en un tema para tener que recular inmediatamente, como lo hizo cuando pretendió eliminar el Día de la Memoria –el 24 de marzo- como feriado nacional. En el caso del supremo fallo primero hubo declaraciones a favor del ministro de Justicia y del secretario de Derechos Humanos; luego, con cierta demora -cuando les llegaron los focus group, chicaneó el intendente Martín Insaurralde- algunos funcionarios se pronunciaron en contra.
Nunca más
"Teque teque, toca toca/ que esta hinchada está re loca/los milicos a la cárcel/2 x 1 las pelotas" (hinchada de Defensores de Belgrano, 5-5-17).
El fallo de la Corte recibió un amplio rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Una enorme multitud concurrió al acto que se realizó en la Plaza de Mayo. Fue una emocionante fiesta popular en la que jóvenes y veteranos se unieron para expresar su repudio levantando los pañuelos blancos que simbolizan la lucha de las Madres. Insólitamente el sector liderado por Hebe de Bonafini decidió no participar argumentando que en la convocatoria se aludía al “Nunca Más”, y que a ella eso le sonaba a “los dos demonios”. También hubo concentraciones en otras ciudades del país y del exterior. En el Congreso oficialismo y oposición consensuaron un proyecto para limitar los efectos del fallo que fue aprobado casi por unanimidad y con una presteza nunca vista. Macri también tuvo que hacerse cargo de la situación, pero –como de costumbre- orinó fuera del recipiente: dijo que “siempre” había estado en contra del 2x1 porque “siempre” estuvo en contra de la impunidad. Como se dijo más arriba, la ley del 2x1 no consagró impunidad sino que fue la única alternativa que se les ocurrió a los legisladores de entonces para tratar de controlar la dramática y potencialmente explosiva situación de las poblaciones carcelarias. Como sea, ante la sanción del cuestionado veredicto de la Corte los políticos oficialistas y opositores estuvieron rápidos de reflejos y trataron de evitar que cualquier condena social pudiera caer sobre ellos. Con la velocísima sanción de la ley que limita los efectos del fallo, la inédita entente de Montescos y Capuletos pretende que se olvide lo más rápido posible que fue motorizado por los dos supremos propuestos por el oficialismo que tuvieron el voto favorable de la oposición.
En el ámbito judicial un fiscal imputó a los tres supremos firmantes por el delito de prevaricato (resolución arbitraria y contraria a derecho por parte de un juez, a sabiendas de que dicha resolución es injusta), y distintos jueces y tribunales ya han contrariado el fallo negándose a ampliar sus efectos al resto de los terroristas de estado que lo han invocado para pedir su libertad.
Puede decirse entonces que con todas estas expresiones y medidas se repuso el consenso social y político de condena irrestricta al terrorismo de estado de los militares y sus cómplices políticos y religiosos. Se trata, empero, de una reposición momentánea, porque todavía subsisten: los editoriales de La Nacióncon la teoría de “los dos demonios” y los “excesos” en la represión; la “reconciliación” con la que insiste la jerarquía católica; los grupos en Facebook destinados a glorificar a los militares asesinos, violadores, apropiadores de bebés y secuestradores; los videos en youtube que pretenden enseñar cuál fue la verdad de la violencia, mostrando exclusivamente tapas de diarios con noticias sobre acciones de las organizaciones armadas; los comentarios en las redes sociales aprobando el fallo de la Corte y otras expresiones públicas y privadas que revelan que queda mucho por hacer para poder cerrar en un único relato el pasado de violencia institucional de los años 70 y 80. Cuarenta años después hay que seguir reafirmando que no se trató de una “guerra sucia” sino de un plan sistemático de desaparición de personas que tuvo como fin contrarrestar cualquier posible resistencia al golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976; aún es preciso recalcar que no hubo dos “bandos” igualmente malos –los dos demonios-, que no hubo “excesos” ni “represión ilegal”, y que hubo –en cambio- una decisión de exterminar todo pensamiento que se opusiera a los cánones del neoliberalismo y del conservadurismo moral, social y político.
El tema de Celeste Carballo habla de “la vida que me alcanza”. Argentina tiene ese penoso y dramático pasado de crueles dictaduras que cada tanto la alcanza, porque se niega a ser pasado e insiste en ser presente. El consenso social y político repuesto en estos días deberá evitar que sea futuro.
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